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por Carlos Morenilla

Cuando alguien es condenado a la pena de muerte se dice que ha sido castigado con la “máxima pena” o “pena capital”, ¿realmenten es así?. Esta pena en la lesgislación aparece

como el mayor castigo que puede recibir un individuo por sus delitos. Tal condena ha sido eliminada de los códigos penales de muchos países democráticos so pretexto de que, aplicándose la Ley en nombre del pueblo, la ciudadanía muestra su humanidad y grandeza evitando exigir la muerte de un ser humano, sean cuales sean sus delitos. En algunos de esos países, la conmutación, una medida de “gracia” en apariencia, acarrea al penado la cadena perpetua, es decir, debe permanecer en prisión hasta que muere o esté próximo a morir.

Se me antoja a mí, sin embargo, que la cadena perpetua es más dura y punitiva que la pena de muerte por la pérdida de esperanza de libertad que el reo percibe cada día. De los casos famosos de cadena perpetua, se ajusta a este perfil de ser una pena mayor que la pena máxima, la de Rodolf Hess que terminó suicidándose en una demostración de que la muerte era menor condena. Como criminal de guerra nazi, él, habría merecido la misma pena que los que fueron ajusticiados, pero sorprendentemente recibió el “beneficio” de la perpetua. Hay otros casos en que el condenado ha podido recuperar su libertad, bien porque ha conseguido que se revocase su sentencia, porque ha recibido algún otro tipo de indulto o perdón, o porque las condiciones de su encierro le permitían una existencia cómoda y comunicada con el exterior. Pero en estos casos la condena a cadena perpetua sólo se demostró menos punitiva en los defectos de su aplicación, no en su concepción. No es así en el caso de presos políticos que terminan muriendo en prisión apartados de todos, de los condenados por narcotráfico en las cárceles del cono sur de Asia que terminan suicidándose seguros de que no hay esperanza de cambiar su situación o los de los millones que terminaron sus días en campos de trabajo, exterminio u otros tantos lugares de ignomínia del mundo.

Que la pena de muerte no es la mayor que puede imponerse a un reo, es cosa sabida desde la antigüedad en que se procuraba proporcionar al condenado tormentos adicionales que compensaran sus delitos. El Zar Iván “El Terrible” ajusticiaba a quienes se atrevían a oponérsele, empalándolos en medio de la plaza y permitiendo que sus familiares los acompañaran en las largas horas de agonía que tal castigo suponía.

En otros lugares se descuartizaba al condenado y se exponían sus restos troceados en las distintas entradas de la ciudad. Más cerca en el tiempo, los soldados rusos prisioneros de la segunda guerra mundial fueron condenados al Gulag de por vida por rendirse en vez de morir combatiendo, sin que sus familiares tuvieran la más mínima noticia de su destino; para ellos la muerte hubiera sido mejor.

Pero lo más sofisticado en condenas que rebasaran la pena de muerte, vino con la aparición de las modernas religiones monoteístas: se le privaba al reo de la posibilidad de alcanzar la vida “eterna”. Monjes y sacerdotes medievales amenazaban con la excomunión y por ende con la condenación eterna, no ya perpetua, sino “eterna”, a quienes faltaran a sus dogmas.

Como suele decirse: hecha la Ley, hecha la trampa. Hubo otros que se apresuraron a prometer la vida, también eterna, a quienes perpetraran alguna acción que conllevara aparejada la muerte. Así que el miedo a la condena a morir violentamente, ha perdido en la actualidad el valor disuasorio que la legislación de la pena de muerte pretendía. Los cruzados recibían una bula papal que les garantizaba la “vida eterna” si morían o eran ajusticiados por el enemigo; los legionarios, “como su vida por perdida ya la dieron, no tienen miedo a la muerte”; y por último, desgraciadamente aún hoy, hay quien entra en el paraíso si mata muriendo en un atentado suicida.

Los judíos de Israel que es un pueblo desgraciadamente experto en sufrir y morir en el tormento, y también en represalias por qué no decirlo, sufren en sus carnes tan dolorosa epidemia de atentados suicidas. En los cuatro años (2000-2004) que duró la primera intifada murieron 1017 ciudadanos como víctimas del suicidio asesino de 138 terroristas. Convencidos sus dirigentes de que no podrían persuadir a los suicidas de que no existe el paraíso que pretenden, han decidido castigarlos aquí en la tierra con algo que pretenden más eficaz que la muerte que ya sufren: derriban su casa y las de sus familias y lo vuelven a hacer si se enteran de que las han reconstruido. Así durante la intifada derribaron 612 casas.

De todo ello extraigo dos conclusiones: una es que, para descrédito de quienes ven en la reinstauración de la pena de muerte la solución preventiva de delitos graves, esta máxima condena, pena capital o como se la llame, ha perdido plenamente su valor legal coercitivo; la otra, y digo esto aún con el riesgo de que se me llame frívolo en tema tan serio, es que, fijándonos en el descubrimiento de los gobernantes israelíes, la pérdida del hogar, la casa, el piso, el domicilio de la familia, se me antoja en el desalmado mundo actual más doloroso que la pérdida de la propia vida. Me parece que nuestros gobernantes, habida cuenta de que los ciudadanos no hemos cometido delito alguno que acarree tal condena, deberían preocuparse más por aquellos amenazados de perder su casa, o incapaces de tenerla, sea por el precio de las hipotecas o por las quiebras generalizadas del sector inmobiliario.

En el fondo, convendrán conmigo que el nombre de pena máxima o pena capital que damos a la pena de muerte es cuanto menos equivocado ¿o no?.